Noticia: Hacienda apoyará mantener las ayudas a trasplantes

miércoles, 27 de marzo de 2013 / 9:00
Mato no confirmó que la medida pueda afectar a transferencias en otros ámbitos
 
Montoro da un balón de oxígeno a las CC.AA. en el consejo de política fiscal
Sanidad no quiere, "bajo ningún concepto" que se suspendan las subvenciones para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos a las comunidades autónomas que incumplan con el déficit pues, según explicó la ministra del ramo, Ana Mato al término del último Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), las leyes acerca de subvenciones tienen sus excepciones y, por tanto, "se analizará caso por caso".
 
De hecho, el día anterior la Comisión de Trasplantes del CISNS —que forman el ministerio y las CC.AA.—, se reunió con Hacienda para defender estas ayudas al sistema español de trasplantes como "ejemplo de coordinación" y "elemento cohesionador" y acordaron que la segunda emita un informe favorable y "acorde con las necesidades" en el momento en que se publique la convocatoria.
 
De esta forma, Sanidad ha salido al paso de la polémica suscitada tras el aviso lanzado por la Organización Nacional de Trasplante (ONT) acerca de una orden del departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre la convocatoria de subvenciones para el año 2013 a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, según la cual se endurecerá el acceso y podrían quedar fuera de las ayudas aquellas regiones autónomas que incumplan con el objetivo fijado de déficit —en este momento serían Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Extremadura y Cataluña—.
 
Por su parte, Hacienda ha aclarado que dicha convocatoria está prevista para abril y que la tramitación aún no ha llegado a la fase en la que se solicita el informe de este ministerio, por lo que es "falso" que se vayan a paralizar. Así, la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su artículo 20.3 faculta a Hacienda a realizar un informe favorable o desfavorable sobre la concesión de subvenciones o suscripción de convenios, sin que sea automática la decisión si se incumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y, por otra parte, la Ley General de Subvenciones establece que estas deben tener un informe de fiscalización previo de la Intervención Delegada de Sanidad en el que se incluyan observaciones que en ningún caso tienen efectos paralizantes.
 
Tanto el director de la ONT, Rafael Matesanz han alertado de la gravedad que supondría acabar con unas cuantías que nutren la estructura de la organización en las autonomías desde su implantación en los años 80 y gracias a las que se ha conseguido una red de especialistas ideada en apoyo a la donación y trasplantes, especialmente en lo referente a la formación pues ya cuenta con más de 14.000 personas capacitadas para su atención.
Tiempo muerto a las CC.AA.
 
Montoro daba un balón de oxígeno a las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera abriendo la puerta para que se estudie la posibilidad de individualizar los objetivos del déficit de las comunidades autónomas. Éste será uno de los tres grupos de trabajo que constituirán en el seno del consejo. Esta iniciativa ha sido bien recibida por las comunidades que no cumplieron el objetivo en 2012 y criticada por algunas, como Madrid y Castilla y León, que sí llegaron al 1,5 por ciento del PIB. Las posturas en contra exigen, entre otras cosas, que esta hipotética individualización de los objetivos de déficit no genere tratos discriminatorios y sea generalizada, y que no suponga esfuerzos adicionales a unas regiones frente a otras.
La primera palabra la tiene, sin embargo, la Comisión Europea, tal y como resaltó el ministro de Hacienda, ya que "España no tiene todavía una nueva senda".
 
Otro de los grupos de trabajo, que también ha gustado a las comunidades autónomas es el que se encargará de reformar el modelo de financiación autonómica.
 
La incógnita para Sanidad radica en si la nueva revisión volverá a hacer efectiva la financiación finalista. Muchos expertos achacan a su desaparición la base de las desigualdades en los presupuestos per cápita de las comunidades. Una revisión en esta línea daría garantía de cumplimiento además al acuerdo unánime adoptado por el Consejo Interterritorial en marzo de 2010, que establecía la línea de que los ahorros obtenidos con las reformas en Sanidad revertieran en los presupuestos sanitarios.

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