Madrid 2 de
octubre de 2012
Las organizaciones sociales, profesionales y
sindicales que constituimos la Cumbre Social nos reunimos ayer 1 de octubre
para valorar la acción llevada acabo el pasado 15 de septiembre, las últimas medidas de
recorte del Gobierno y, en función de todo ello, establecer la respuesta
social necesaria para conseguir un cambio en profundidad, tanto en las formas
como en el fondo, de las políticas que se están llevando acabo por parte del Ejecutivo.
El tercer encuentro de la Cumbre Social considera un
éxito la marcha-concentración celebrada el pasado 15 de septiembre tanto
por la participación registrada, como porque ofreció la oportunidad de hacer
visible la convergencia de una amplísima pluralidad de realidades perjudicadas
por la acción de gobierno. Centenares de miles de personas venidas de todos los
rincones de la península, y representativas del diverso malestar social, se
dieron cita en la plaza de Colón. Con esta declaración, la Cumbre Social quiere
expresar su más sincero reconocimiento a todas ellas por el esfuerzo realizado
y el acto de civismo que protagonizamos. Al mismo tiempo, denuncia el burdo
intento de los representantes gubernamentales, de algunos medios de
comunicación, así como de Ministerio de Interior, por intentar minusvalorar el
seguimiento real de la convocatoria, manipular a la opinión pública y convertir
cualquier expresión del conflicto social en un problema de orden público. Basta
recordar que, en ese mismo lugar y con una asistencia menor, los que ahora
pretenden descalificarla habían asegurado reunir a millones de personas cuando
la convocatoria era organizada por el entorno del partido que ahora nos
gobierna.
El tercer encuentro de la Cumbre Social se ratifica en la exigencia del que fue el grito más unánimemente
coreado el pasado 15S: Referéndum ya!
No hay duda de que estamos ante un flagrante fraude
electoral, como no hay duda de que el Gobierno está adoptando medidas y
decisiones políticas de gran trascendencia para el bienestar de la mayoría
social con total falta de transparencia y un ocultismo deliberado, como está
sucediendo con la “secreta” negociación del rescate a la economía española.
Esta actitud no hace otra cosa que mermar, aún más, la confianza en las
instituciones políticas de amplios sectores de la ciudadanía y son una muestra
de autoritarismo que puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática.
En este sentido la exigencia de que se convoque un Referéndum sobre el programa
que se está aplicando por parte del Gobierno se convierte también en una
exigencia de regeneración democrática. La ciudadanía puede,
porque así lo contempla la Constitución, y debe ser convocada para
expresar su opinión ante situación tan grave y excepcional por la que
atravesamos.
El tercer encuentro de la Cumbre social ha tenido
ocasión de valorar lo que en estos momentos se puede conocer del anteproyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y las organizaciones
presentes hemos coincidido en denunciar tanto la truculencia en su presentación
como sus contenidos. En efecto, el Gobierno ha vuelto a incurrir en un
ejercicio de funambulismo político, que no es otra cosa que un nuevo intento de
manipulación de la opinión pública al presentar el proyecto pues ha ocultado
sus verdaderas intenciones: por un lado transfiere a las CCAA la mayor parte de
la responsabilidad en el recorte del gasto social, por otro, oculta su
verdadera intención en temas tan sensibles como la revalorización de las
pensiones (medida contemplada en la legislación vigente que fue duramente
criticada por el PP cuando el anterior gobierno la aplicó) y todo ello
intentando, como ya hizo en el caso de las elecciones en Andalucía, ganar
tiempo para poder sortear las próximas citas electorales en Galicia y País
Vasco.
De su contenido debemos denunciar con todas nuestras
fuerzas que estamos ante unos Presupuestos que van a hundirnos más
en la crisis e incrementar todavía más nuestra tasa de paro. Sólo contemplan recortes a la inversión, sacrifican los estímulos a la
actividad económica y a la creación de empleo y renuncian a una política fiscal
que empezando por perseguir decididamente el fraude permitiese incrementar los
ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales.
Esta situación se verá agravada por la rebaja de la
partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros
del plan PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el
actual y no hay que olvidar que lo previsto para pensiones no se incrementa más
que un 1%. En unas condiciones así solo cabe esperar que aumente la pobreza y
la exclusión, fenómenos ambos que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a
los inmigrantes, a los jóvenes y ahora ya, a la infancia.
En el proyecto de Presupuestos también decrece de
manera significativa la protección social, las partidas destinadas a la dependencia, los
servicios sociales, la ayuda a la cooperación al desarrollo, al mundo rural, al
medio ambiente, etc.
Estas partidas se verán aún más recortadas cuando las CCAA tengan que
elaborar sus propios Presupuestos, donde asistiremos a nuevos recortes en
educación y
sanidad, servicios que dependen esencialmente de ellas
(no podemos olvidar que ya se están planteando medidas como el copago del
transporte sanitario), habida cuenta de que el Gobierno no les ha dado el
margen de tiempo para reducir la deuda que España ha ganado de la Unión
Europea.
El actual proyecto, junto a tanto recorte en inversión
y gasto social si contiene lo que a la inmensa mayoría de la población española
nos costará, en forma de deuda, el dinero destinado a rescatar el sistema
bancario.
Más crisis, más desempleo, menos protección social y
menos servicios públicos es una ecuación funesta para la mayoría de las
personas de este país de las que solo se salvan las élites
económico-financieras que se cobijan al resguardo de la acción de gobierno.
En estas condiciones el tercer encuentro de la Cumbre
social ha acordado:
- Convocar manifestaciones el próximo domingo 7 de octubre en todas las
capitales de provincia para expresar el rechazo a estros presupuestos y para
exigir una salida de la crisis que garantice la reactivación económica, la
generación de empleo, la recuperación de la protección social y de nuestro
mermado Estado del Bienestar.
- Darnos un plazo para que cada organización valore la posibilidad de
convocar una Huelga General, con profundo carácter social, durante la
tramitación parlamentaria del proyecto de PGE para 2013.
- Explorar las posibilidades de coordinar las acciones anteriormente
previstas con otros países de la Unión Europea. Las organizaciones que formamos
parte de la Cumbre Social estamos convencidas que hay que hacer frente a
políticas nacionales tan lesivas para la mayoría de la población pero que
también hay que hacerlo con las directrices que emanan de la Unión y que se
están cebando particularmente con los países del sur de Europa.
- Poner en marcha la campaña de exigencia de un Referéndum sobre la acción
del Gobierno. Campaña que consistirá en la recogida de firmas entre la
ciudadanía y que contará con una Comisión Promotora que se reproducirá en toda
la geografía española y que llegará hasta los centros de trabajo
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