Una mendocina logró modificar la ley nacional a favor del diabético

Antonella Calabró impulsó por las redes sociales el cambio de la normativa vigente. Prepagas y obras sociales deberán cubrir 100% del tratamiento.

05 de Diciembre de 2013 12:21
Por: Valeria Caselles vcaselles@elsoldiario.com.ar

Antonella Calabró se desesperó cuando vio que su hijo Valentino, en ese entonces, de 6 años, presentaba los síntomas debut de una diabetes tipo 1 (insulinodependiente) pero sin saber de qué se trataba: sed intensa, pérdida de peso intensa, orina permanente y hambre voraz. “Para mí, fue muy fuerte. Hay mucha desinformación sobre la diabetes y no sabíamos de qué se trataba al principio. Valentino, quien hoy tiene 7 años, cayó en terapia intermedia, pero otros chicos han llegado a un coma diabético, con todas las consecuencias que eso implica. Mi obra social no cubría los costos del tratamiento y no podíamos pagarlo. Ahí empezó la lucha”, explicó a El Sol Antonella, sanrafaelina, madre de dos chicos y piedra fundamental para hacer realidad la modificación de la ley nacional 23.753 de Protección a la Persona con Diabetes, en el Congreso nacional.

La mujer, ante la falta de respuestas desde el ámbito de salud pública y privada local, subió una foto suya a su cuenta de Facebook e instó a amigos, familiares y a diferentes ONG que se dedican al tema, a comenzar una campaña viral para modificar la ley vigente que tiene 25 años y que no exigía cobertura médica de la enfermedad.

La campaña terminó con 80 mil firmas virtuales y 7 mil fotos de diabéticos y no diabéticos que pedían un cambio en la legislación nacional con un cartel en la mano. La unión hace la fuerza y aquí se reflejó inmediatamente: por la presión social, en menos de un mes, el proyecto de ley que había propulsado hacía dos años el bloque de la UCR en el Senado, contó con el apoyo unánime del oficialismo.

La modificatoria, cuya autoría es del senador radical Ernesto Sanz, tuvo media sanción en el Senado de la Nación el 13 de noviembre y, el 28 del mismo mes, la propuesta se convirtió en ley en Diputados, tras un fuerte impulso de los radicales de esa Cámara, entre ellos, el también mendocino Enrique Vaquié. Por ambas cámaras fue aprobada por unanimidad.

puntos clave de la nueva ley.

¿Qué implica el cambio de la ley vigente? Fundamentalmente, la cobertura total del diagnóstico y tratamiento de la diabetes –medicación e insumos– por parte de las obras sociales y prepagas nacionales. Además, deberán flexibilizar, cada dos años, la cobertura frente a cualquier descubrimiento científicos respecto de un nuevo medicamento o tratamiento. También se apunta a la educación en las escuelas sobre la enfermedad para generar conciencia e inclusión, ya que “la discriminación es fuerte en la infancia, porque no se conoce qué implicancia tiene”, asegura Calabró.

Para lograr su objetivo, la mendocina recurrió a una ayuda potente: la Nueva Asociación de Diabetes, con sede en Córdoba, que se hizo eco del reclamo en las redes sociales. Ella, junto con varias ONG de diabetes de todo el país, ayudaron al bloque opositor a realizar modificaciones del proyecto de Sanz, presentado, sin éxito, en el 2011.

Las personas con diabetes y sus familiares ahora esperan que el Ejecutivo nacional promulgue la nueva ley y la reglamente “lo antes posible”. De hecho, Calabró pidió ser veedora de ese proceso, junto con otras asociaciones que colaboran con la difusión de la enfermedad.

“Este fue un gran primer paso pero queremos que la ley no quede congelada, sino que necesitamos la voluntad política del oficialismo para que esta necesidad de muchos se haga realidad”, pidió Antonella. 

El panorama local.  

Si bien Mendoza necesita adherir a la ley nacional para que, automáticamente, se modifique la vieja normativa, habrá que esperar recién a que comience el ciclo de sesiones ordinarias en mayo del 2014. Mientras tanto, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que tiene más de 300 mil afiliados, cuenta con su propio Programa de Diabetes, a través del cual ya brinda cobertura total a las personas que dependen de la insulina para vivir.

Según datos oficiales, se estima que la provincia tiene unas 180 mil personas con diabetes, y que la mitad desconoce que la padece. Desde el Programa Provincial de Diabetes, que depende del Ministerio de Salud, se registró este año que hay, nada menos, 10 mil mendocinos con diabetes, que no tienen obra social y que dependen del apoyo del Estado: no sólo se asiste con insulina, sino también con sensores y tiras reactivas (para el control de glucosa), tanto en hospitales como en centros de salud. La Sociedad Argentina de Diabetes aseguró este año que la prevalencia anual va subiendo 3% cada año, debido a la mala alimentación y el sedentarismo de esta época, sobre todo, en los más pequeños.

Según la titular de ese programa, Estela Charparín, es fundamental hacer hincapié en la promoción y prevención de esta enfermedad

crónica: “En las escuelas vemos que hay cada vez más obesidad infantil y más diabetes. Por eso, más allá de la asistencia a los hospitales y centros de salud, apuntamos a concientizar a la población porque, si no, seguiremos poniendo más medicamentos porque habrá más enfermos”, indicó la profesional.

El Programa de Diabetes tiene un presupuesto anual de no más de 1.200.000 que se considera “escaso” debido a la creciente demanda. Charparín aseguró que la sanción de la nueva ley puede ser “beneficiosa”, ya que el respaldo económico se diversificará si

las obras sociales y prepagas comienzan a absorber este costo.











Imagen: http://elsolonline.com/archivos/imagenes/2013/12/antonella_3388418-240.jpg
Fuente: http://elsolonline.com/noticias/ver/1312/190080/una-mendocina-logro-modificar-la-ley-nacional-a-favor-del-diabetico
 

Sanidad dará el permiso definitivo a miles de productos homeopáticos

• El Gobierno autorizará miles de productos que se vendían sin control de calidad.
• La autorización obligará a pagar tasas y permitirá la publicidad.
• La eficacia dudosa y la polémica.

María R. Sahuquillo Madrid 3 DIC 2013 - 13:03 CET

Los productos homeopáticos contarán en breve con el permiso definitivo del Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Ana Mato está preparando una orden ministerial que otorgaría ese visto bueno final a miles de fármacos que ya se venden en las farmacias gracias a una disposición que se pensó como transitoria —a la que se acogieron 19.000 productos— pero que dura ya casi dos décadas. Para obtener el permiso, estos productos, según fija el borrador del proyecto, tendrán que cumplir requisitos similares a los de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente: los laboratorios tendrán que presentar un informe sobre su calidad, seguridad y eficacia; aunque en el caso de estos medicamentos esta se valora, según el documento avanzado por Diario Médico, teniendo en cuenta su naturaleza homeopática; es decir, demostrando su uso tradicional y no a través de ensayos clínicos como los fármacos industriales. Si tras la evaluación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente de Sanidad, se autorizan se inscribirán en el registro de fármacos.

Para ello tendrán que pagar una tasa por cada cepa de partida —la homeopatía se basa en diluciones infinitesimales de sustancias de origen animal, vegetal, mineral o químico— de unos 390 euros para aquellos fármacos con una indicación terapéutica determinada (para tratar la gripe, por ejemplo) o de alrededor de 90 para los que no tienen indicación específica, sino usos variados. La inscripción en el registro abriría la puerta también a otro punto importante: podrían publicitarse como cualquier medicamento registrado que se vende sin receta.

La normativa en la que trabaja ahora Sanidad —que declinó este lunes analizar el asunto hasta que el proyecto, que inicia su trámite de audiencia pública, sea definitivo— sería de las pocas regulaciones en un sector muy desordenado. No hay ninguna ley sobre terapias consideradas alternativas, como la homeopatía, un área polémica por la efectividad de sus productos. Un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad a petición del Congreso sobre terapias alternativas concluyó hace dos años que la eficacia de los productos homeopáticos era dudosa. Mencionaba que su efecto podía ser el mismo que el del placebo.

Tras ese informe, la homeopatía y otras prácticas como la acupuntura han seguido en un limbo legal. Con una salvedad, los productos homeopáticos que se venden en las farmacias sí están autorizados legalmente. Aunque lo están en virtud de un permiso provisional que la mayoría de ellos obtuvo en 1994 —cuando se realizó la primera regulación del sector— como una fórmula operativa para poder seguir en las boticas hasta que llegara el desarrollo normativo que fijase los criterios y condiciones que debían cumplir. Un desarrollo normativo que todavía hoy no ha llegado. Esta no es la primera vez que Sanidad intenta hacerlo. En 2008, tras la trasposición de varias directivas que hablaban de homeopatía, se trató de aprobar un proyecto como el que está en debate ahora. Aunque nunca logró sacarse adelante.

Esta circunstancia ha supuesto que miles de fármacos homeopáticos estén pendientes de análisis. Esto ha hecho, dice Sanidad en la memoria que acompaña al proyecto de orden ministerial, que bajo la denominación de “homeopáticos” se estén vendiendo legalmente preparados que no han sido evaluados ni registrados, “existiendo productos que poco o nada tengan que ver con la terapia homeopática a la que dicen estar destinados, o que en su composición tengan componentes que, por su naturaleza o proporciones, incumplan lo establecido en la legislación e incluso los criterios homeopáticos”.

Esa falta de regulación y registro, apunta Susana Díaz, directora técnica de Boiron, uno de los mayores laboratorios homeopáticos, también ha dificultado que haya una lista de productos a la venta. Díaz explica también que los fabricantes llevan años reclamando que se fijen unas normas para que los medicamentos que ya se venden puedan actualizarse. Tras esa normalización —solo sirve para medicamentos que ya se venden— llegaría, dice, la autorización de nuevos preparados. Algo en lo que, dice, España todavía no alcanza a otros países europeos que tienen productos que aún no han llegado a este país.

Boiron, que tiene en su catálogo unas 1.000 sustancias, aún está analizando el proyecto del ministerio y los costes que podría suponer las tasas que fija. Estas, sin embargo, son mucho menores que las que determinaba el proyecto de 2008, que disponía que la industria debía pagar por cada medicamento y cada dilución y no por cada cepa, como en el proyecto actual. El anterior, admite Díaz, suponía unos costes mucho mayores. “Habría supuesto la desaparición del sector”, dice.

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/02/actualidad/1386015772_167699.html